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Pese a los avances,
situación de derechos humanos,
en Medellín,
continúa siendo crítica
Boletín de prensa No. 220
10 de diciembre de 2010
Por sexto año consecutivo, la Personería de Medellín presenta a la ciudadanía su informe de derechos humanos 2010, como resultado de un trabajo de campo serio y fundamentado, que busca cumplir con el mandato constitucional y legal que faculta a las personerías municipales para que contribuyan de manera eficaz a la defensa de los derechos humanos y para buscar que se tomen las acciones pertinentes en el marco de una profunda autonomía y respeto mutuo entre los diferentes órganos del poder público, como lo establece la Constitución Política Nacional de 1991.
En este informe, se reconocen los enormes esfuerzos que la Administración Municipal hace para tratar de cumplir con su Plan de Desarrollo, y en especial, para tratar de garantizar los derechos humanos y en tal sentido, espera que la Alcaldía de Medellín aproveche esta oportunidad para mejorar su actuación en lo que le corresponde, pues desafortunadamente en el pasado, la Alcaldía no ha entendido el sentido del informe ni mucho menos, la labor de Ministerio Público que esta Personería cumple.
Este año, la Personería de Medellín quiere destacar en su informe el tema social, dado que a veces, los problemas de violencia invisibilizan otras dinámicas que lesionan seriamente la dignidad humana. Es necesario llamar la atención sobre la situación de Medellín con el asunto de pobreza y equidad, dado que sus indicadores sociales reflejan la existencia de dos ciudades que conviven precariamente, la Medellín del primer mundo, en la que sus habitantes viven con las garantías que todas las personas debiéramos tener, mientras a su lado sobrevive casi la mitad de la población en condiciones de pobreza y marginalidad, según datos del DANE.
Si bien es cierto, que Medellín ha disminuido progresivamente sus niveles de desempleo durante todo el año, la ciudad mantiene una preocupante tasa del 13,6%, dos puntos por encima de la cifra de nacional, realidad que representa un gran reto para la ciudad en la generación de empleos decentes y de calidad, que garanticen la seguridad económica y la vida digna de las personas.
Adicionalmente, hay que sumar la situación de pobreza y desigualdad. En Medellín 1´837,656 personas, el 79% de los habitantes, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, según el DANE, el 10,2% de nuestra población vive en condiciones de indigencia y el 38,4% en condiciones de pobreza, lo que suma prácticamente la mitad de la población de la ciudad (48,6 %).
Como lo ha evidenciado la Encuesta de Calidad de Vida 2009, entre las comunas Popular y el Poblado existe una diferencia de 17,1 puntos en calidad de vida y, con base en la información de Empresas Públicas de Medellín a septiembre del año 2010, estaban desconectados un total de 85.482 suscriptores, lo que representa un incremento del 78,5% con respecto al mismo periodo del año 2009, manteniéndose como causas principales la pobreza y el esquema tarifario.
La Personería de Medellín reconoce los esfuerzos y las inversiones sociales que la actual Administración Municipal ha dispuesto para las poblaciones más vulnerables y necesitadas de la ciudad, sin embargo, dado que no se logra avanzar de forma contundente en reducir la pobreza ni la inequidad, es urgente dar un debate público sobre el modelo de desarrollo que se ha impulsado en la ciudad en los últimos años y sobre la responsabilidad que debe adquirir la Alcaldía en el tema social y en especial en lo concerniente al empleo, pues lo que se ha hecho hasta el momento parece no ser suficiente.
En cuanto al tema de la salud, la Personería de Medellín considera que mientras el sistema de salud se base en el modelo del aseguramiento erigido sobre los principios del mercado y continúen los problemas estructurales, difícilmente se logrará garantizar el derecho a la seguridad social. El aseguramiento en salud viene siendo discutido desde el inicio de la Administración actual, pues los aseguradores afirmaban que la operación del régimen subsidiado daba pérdidas. Fue exactamente éste, el argumento que llevó al retiro de la EPS-S Comfenalco en marzo del año 2009 y más tarde, el 1 de noviembre del año en curso, el retiro de la ciudad de la EPS- S Caprecom, lo que representó para la ciudadanía una falta a los principios básicos del sistema, ya que la operación de dicha EPS en la ciudad de Medellín se basó en la rentabilidad financiera y no en la rentabilidad social, no se hizo un manejo del riesgo financiero que podía diluirse en el total de la población afiliada a nivel nacional, ya que la lógica de la empresa pareciera señalar que cada entidad territorial tiene que proveer el rendimiento suficiente para sostener la demanda y generar ganancias.
Para noviembre, la EPS-S Cafesalud, la cual hace parte del grupo Saludcoop, llega a la ciudad para operar el régimen subsidiado, la cual espera que al contar con sus propias IPS en la ciudad pueda lograr un mayor manejo del riesgo financiero, no obstante hay que señalar que las condiciones estructurales adversas continúan.
Cambiando de tema, en la ciudad persiste el enfrentamiento entre numerosos grupos armados por el control de recursos y territorios, lo que se expresa en el mantenimiento de las cifras de homicidios, según el Instituto de Medicina Legal, hasta el 30 de noviembre se habían presentado en la ciudad 1882 homicidios, y a la misma fecha del año anterior, iban 1953, es decir hay una reducción de 71 casos, lo que equivale a un 3,6% menos. Sin embargo, los homicidios no son el único indicador sobre las acciones en contra de los derechos humanos cometidas por grupos armados, pues existen otras modalidades menos visibles como las amenazas, la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados, la violencia sexual y los castigos ejemplarizantes.
Una de estas modalidades de violencia invisible son los desplazamientos forzados intraurbanos (DFI), que este año han crecido de manera exponencial en la ciudad, de tal manera que a octubre 31 de 2010 se habían presentado en la Personería de Medellín 1378 declaraciones que incluyen a 5.098 personas, lo que significa un incremento del 97% con respecto al total de declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano recibidas por la Personería durante el 2009.
El incremento del 97% de los casos de DFI con respecto a igual periodo del año anterior, contrasta de manera categórica con el estado de su reconocimiento como víctimas que realiza la Agencia Presidencial Acción Social, que ha aceptado a un 37% de las víctimas, ha rechazado al 59% y tiene pendiente de valorar a un 4%. Y en los últimos meses se ha conocido de un intento del Gobierno Nacional de que sea levantado el Estado de Cosas Inconstitucionales decretado por la Corte Constitucional Colombiana mediante Sentencia de Tutela T-025 de 2004, con el argumento de que ya la población ha sido atendida de manera integral. Afortunadamente este es uno de los campos donde se puede observar un mayor esfuerzo de la Alcaldía de Medellín, a través de la Gerencia Municipal de Desplazamiento Forzado, donde se trabaja con una clara perspectiva de restitución de derechos para las víctimas de este grave delito de lesa humanidad.
Con respecto a otro asunto, la Personería cree necesario colocar en conocimiento de la ciudadanía que con preocupación, sigue recibiendo quejas sobre presuntas acciones de connivencia entre integrantes de la Fuerza Pública y personas pertenecientes a los grupos armados ilegales. Por ello, hace un llamado a las autoridades competentes a investigar las denuncias sobre estas supuestas anomalías e informar su resultado a la ciudadanía, por el bien de la sociedad y de la institucionalidad pública.
En este año, se presentó igualmente un incremento en el número de personas que han sido víctimas de amenazas, lo que afectó especialmente al sector educativo, donde se reportaron graves casos contra estudiantes, docentes y personal directivo. En varias Instituciones Educativas hubo deserción escolar masiva, aunque lograr conocer una cifra confiable sobre cuántos estudiantes desertan de la escuela por razones atribuibles a las diversas expresiones del conflicto armado, no ha sido posible de manera precisa, ya que la Secretaría de Educación Municipal manifiesta reiteradamente no contar con la información cuantitativa sobre el tema, a pesar de solicitudes y propuestas reiteradas para su medición.
En el caso de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas, quienes en algunas ocasiones ven afectados sus derechos por su pertenencia a este sector social, la Personería de Medellín considera que en por lo menos 35 de los 1882 homicidios ocurridos en la ciudad durante los primeros 10 meses, se pueden tener posibles móviles de crímenes por prejuicio, debido a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. De 11 casos se supo que 2 eran travestis, 4 mujeres lesbianas y 5 hombres homosexuales.
Al mismo tiempo, se mantienen conductas de agresión tanto por parte de grupos armados ilegales, particulares y fuerza pública. Muchas veces por la discriminación, la población LGBT se ve limitada en el disfrute de las libertades debido a amenazas que generan miedo, inestabilidad y en ocasiones provocan desplazamientos y hasta el exilio. También se recibió una denuncia por las amenazas de las que fue objeto la Mesa LGBT de la Comuna 8 que trabaja por la convivencia con la población LGBT.
Las mujeres, por su parte, también continúan siendo víctimas de conductas agresivas por razones de discriminación, lo cual se expresa en su mayor victimización en delitos como la violencia sexual e intrafamiliar, en las cuales las niñas y las mujeres son el grupo predominante entre las víctimas.
En Medellín entre enero 1 y septiembre 30 de 2010 se han presentado 97 homicidios de mujeres, de los cuales según el análisis realizado por la Comisión 1ª de Contexto y Seguimiento a casos del Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres, ha sido posible clasificar 43 de estas muertes como feminicidios, toda vez que se pudo identificar en la documentación de los hechos, que éstos se cometieron por el hecho de ser mujer, estos feminicidios representan el 44% del total de muertes para dicho periodo. De las 43 muertes clasificadas como feminicidios se tiene que en 18 de ellos existía relación filial o personal de la víctima mortal con el victimario.
Un punto adicional a tener en cuenta, es que las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado deben ser objeto de un programa especial de protección establecido por la Corte Constitucional mediante el Auto 092 de 2008, en desarrollo de la Sentencia T 025 de 2004, no obstante, con base en esta investigación, se puede afirmar que las mujeres después del desplazamiento forzado, están sujetas a nuevas victimizaciones, generadas en los lugares de asentamiento y causadas por los grupos ilegales que allí operan; los cuales intimidan, asesinan, desalojan, violan mujeres, reclutan, extorsionan. Además, que existe una falta de seguridad y de apoyo para el restablecimiento psicológico, social y económico de las mujeres desplazadas; así como el desconocimiento de sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición como víctimas del conflicto armado, todo lo cual demuestra el bajo nivel de cumplimiento de las órdenes emanadas de la Corte Constitucional.
En cuanto a la situación de las víctimas, la Personería llama la atención sobre una posible modalidad de revictimización como es la solicitud del reconocimiento como víctimas que establece el Decreto 1290 de 2008, con el cual se busca promover la Reparación Administrativa. Para el caso de Medellín, la ciudad está incluida estadísticamente en Acción Social dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburra, y tenemos 1.380 solicitudes de reparación administrativa reconocidas o pagadas, 8.732 solicitudes negadas y 664 asistencias humanitarias de la Ley 418 entregadas, lo que establece el porcentaje de negativa a las solicitudes de reparación administrativa en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en un 86%.
Por otra parte, en el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, durante los últimos cinco años, la Personería de Medellín, ha desarrollado una amplia gama de acciones tendientes a garantizar sus derechos en el municipio. En tal sentido esta agencia del Ministerio Publico es consciente de los esfuerzos realizados por la administración en materia de atención a la primera infancia a partir del Programa Buen Comienzo, del fortalecimiento de procesos que garantizan los derechos al deporte (escuelas populares de deporte), a la recreación (ludotecas) y a la cultura (red de escuelas de música y clubes juveniles), así como del interés y trabajo realizado en la cualificación de la política pública y las rutas de atención. No obstante lo anterior, nos preocupa la persistencia de vulneraciones a los derechos de los niños en situación de calle, quienes son victimas de agresiones por parte de diferentes actores dentro de los que lamentablemente se encuentra la fuerza pública (31 quejas en lo corrido del año), quienes además carecen de la atención necesaria, lo cual se manifiesta en la insuficiencia de los cupos en el centro de diagnostico y derivación. Así mismo, las reiteradas vulneraciones que se presentan en las instituciones educativas, no sólo por la influencia de la delictividad y la violencia, sino por la presencia reiterada de prácticas antidemocráticas y autoritarias.
De igual manera, aunque conocemos el incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades del orden central como el ICBF, Acción Social, Fiscalía, judicatura y Policía Nacional, instamos a la Administración Municipal para que avance significativamente en la superación de la deficiente y escasa atención que se brinda para el restablecimiento de derechos a los adolescentes e infantes vinculados al sistema de responsabilidad penal, a los que sufren de adicciones, discapacidades, están amenazados o son victimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual.
En el tema de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, se destacan las afectaciones del derecho a la integridad personal producto del conflicto entre las organizaciones mafiosas, las disputas por la captura de rentas ilegales y el control de asuntos como los patios, las coordinaciones, los cacicazgos, el comercio de espacios físicos, venta de estupefacientes, entre otros.
En cuanto al tema de salud, se destaca que el INPEC tiene contratado con Caprecom los servicios de salud, pero estos continúan con serías falencias que violan el derechos fundamental de la población carcelaria, tanto los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín – Bellavista, como las internas de la Reclusión de Mujeres afirman que el servicio de salud es malo, tienen procedimientos pendientes, el servicio de urgencias no es bueno, no se les ha suministrado el medicamento prescrito por el médico tratante y no pudieron acudir a los servicios médicos de salud externos programados, entre otros aspectos, que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
En materia de hacinamiento, la situación no es más alentadora, en el 2008 el Establecimiento Bellavista contaba con 5.492 internos, superando en 3.279 internos la capacidad locativa, para un hacinamiento del 148%; para el 2009 el hacinamiento ascendía al 170% con 5.986 internos y para octubre 30 de 2010 el hacinamiento alcanza el 182%, actualmente se cuenta con 6.242 internos, de los cuales 4.641 son condenados y 1601 sindicados.
La alimentación continúa con baja calidad y cantidad y el acceso a programas de redención de penas es precario e insuficiente.
Se ha encontrado una preocupante situación en el Establecimiento el Pedregal, especialmente en relación con requisas irregulares, golpizas, uso del gas lacrimógeno, tratos crueles, incluso infligidos por el personal de guardia o por reclusos “de confianza”, así como la utilización de medidas de contención en las Unidades de Tratamiento Especial (UTE), celdas de asilamiento, sin contar con un debido procedimiento. Además el tiempo de las visitas se ha reducido, al igual que las visitas conyugales.
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